Durante 1998 y lo que va de este año, científicos y representantes de distintas organizaciones ambientalistas del mundo han denunciado el peligro que pueden acarrear los alimentos transgénicos.
Hace unas semanas, investigadores de la Universidad de Cornell en Nueva York, difundieron una investigación según la cual el polen que proviene del maíz transgénico Bt mata las larvas de la mariposa "Monarca".
Los estudios alertan sobre los efectos que puede tener el polen difundido desde los campos de cultivo hacia las áreas naturales adyacentes, en Estados Unidos, Canadá, Argentina y España, donde se produce y vende comercialmente esa variedad de maíz.
Los alimentos transgénicos son aquellos de origen animal o vegetal cuya composición genética ha sido manipulada para aumentar su poder nutricional o rendimiento, haciéndolos más resistentes a plagas o almacenamientos prolongados. La mayoría de los productos transgénicos son alimentos, semillas e insumos agrícolas y fármacos desarrollados por un poderoso grupo de empresas multinacionales, encabezadas por la estadounidense Monsanto y la suiza Novartis. Sus principales productos son soja, tomate, papa, tabaco, algodón y maíz resistentes, a herbicidas unos, y a plagas, otros.
Necesidad de una etiqueta
En Ecuador la preocupación por estos productos aumentó en los últimos meses con la información de que podrían estar ingresando al país sin que los ecuatorianos se enteren, ya que los alimentos procedentes de Estados Unidos que podrían serlo no tienen etiqueta que los identifique como tales.
La bióloga Elizabeth Bravo de la organización ambientalista Acción Ecológica dice que también existe posibilidad de que la soja importada de Argentina sea transgénica. ''Aunque Ecuador importa poca soja porque es autosuficiente, el 80 por ciento de la que viene del exterior es de Argentina y nadie puede asegurar hasta el momento que no sea transgénica como gran parte de la que se produce en ese país'', señaló Bravo.
Según Acción Ecológica, las papas estadounidenses que introducen a Ecuador los restaurantes de comida rápida de origen norteamericano también podrían pertenecer a la producción genéticamente modificada. Lo mismo podría ocurrir con el aceite de canola y algunas materias primas para la alimentación de pollos. Con el objetivo de profundizar en la información sobre los alimentos transgénicos, se realizó en Quito el I Curso Regional de Bioseguridad en el que participaron expertos en bioseguridad de varios países de América Latina, representantes de los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Cuba, Venezuela y de la Unesco, quienes al finalizar pidieron que los gobiernos latinoamericanos instrumenten mecanismos comunes de seguridad para este tipo de alimentos.
Los participantes también señalaron que en América Latina, la mayor parte de los que toman decisiones sobre productos transgénicos no tiene la formación necesaria para tratar el tema. ''Los representantes gubernamentales que deciden sobre la introducción, uso y manejo de organismos vivos modificados por técnicas de biotecnología en América Latina, requieren mayor capacitación para cumplir sus funciones'', señaló Arvelio García Rivas, de Unesco.
Elizabeth Bravo comentó que los transgénicos son nuevos en el planeta y, por tanto nadie, ni siquiera las mismas empresas que se encargan de crearlos, saben cómo se van a comportar. ''Las posibles alteraciones en la salud humana y ambiental son impredecibles'', aseguró.
José Sánchez Parga, integrante del Comité Ecuatoriano de Bioética, señaló que el desarrollo biotecnológico exige precautelar la integridad de las personas y los recursos naturales. ''Hay que armonizar el desarrollo del conocimiento de la biotecnolgía, salvaguardando el patrimonio y la diversidad genética. La bioética debe ser entendida como una disciplina que busca humanizar la vida moderna y evitar la mala utilización de ese conocimiento'', dijo Sánchez Parga.
Para los presentes en este Curso organizado por Unesco, la Fundación de Ciencia y Tecnología de Ecuador (Fundacyt), el Grupo Nacional de Biotecnología y la Universidad Central del Ecuador, es fundamental difundir la bioseguridad en los centros de enseñanza. Santiago Carrasco de la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología cree que es necesario crear en la región andina una cultura sobre la bioseguridad. ''Es necesario que los países andinos desarrollen actividades conjuntas entre los sectores académicos públicos y privados con el sector productivo para fortalecer la biotecnología y la bioseguridad aplicadas al desarrollo'', dijo Carrasco.
La experta cubana en bioseguridad, Orfelina Rodríguez García, señaló que el principio de bioseguridad no se puede sacrificar en aras del libre comercio. ''Cuando un ser vivo genéticamente manipulado se escapa al ambiente, éste ya no volverá a ser el mismo. Las consecuencias son impredecibles'', señaló. La doctora Rodríguez aseguró que es esencial controlar las semillas genéticamente modificadas y asegurarse de que hayan sido aprobadas y certificadas en sus países de origen. ''Los gobiernos deben informar a la población sobre los riesgos de la utilización de transgénicos y debe obligarse a que estos productos tengan etiqueta para que los consumidores sepan qué están consumiendo'', comentó.
Participación de la sociedad
Sin embargo, hay otro expertos en genética de América Latina que defienden el uso de semillas transgénicas como vía para asegurar el aumento en la producción de alimentos, pese a las implicancias éticas y sanitarias que podría representar el mal uso de esa tecnología.
El argentino Oscar Grau reconoció que cuando se iniciaron las investigaciones en genética vegetal los expertos no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo. Según él, todo lo que hacían con una planta, modificándoles genes que ''podían ser hasta dañinos, o no'', no lo sabían. Pero asegura que en la actualidad los investigadores saben lo que hacen con la ingeniería genética.
''Sabemos qué genes introducimos, cuántos estamos metiendo en la planta, qué codifica ese gen, en qué ambiente está ubicada la planta y qué producto produce'', dijo el científico. Grau acepta que esta tecnología ''puede producir problemas'', pero afirma que los investigadores están trabajando cuidadosamente. Para el experto ''el punto clave'' no es el uso o no de la tecnología, sino ''las cuestiones éticas que la sociedad va a tener que definir'' sobre las mismas. Asegura que las modificaciones genéticas que se están haciendo ''pueden ser buenas o malas, pueden ser usadas con fines bélicos o con fines de control, por eso importa que la sociedad participe en las decisiones para que estas cosas no se utilicen con fines dañinos'', comentó.
Consumidores, ecologistas y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (Uita) cuestionan la comercialización de plantas y semillas transgénicas por el peligro que las mismas pueden ocasionar a la salud humana y el ambiente. El agrónomo brasileño Sebastián Pinheiro, asesor de salud y ambiente de la Uita, dijo que aún no se ha determinado la influencia que pueden tener las plantas genéticamente modificadas sobre la cadena evolutiva. ''Cuando una bacteria o un polen genéticamente manipulados escapan, nunca más se podrán recuperar, el ambiente nunca más volverá a ser el mismo. No es petróleo, que se ve. Esto no se ve y sus efectos son absolutamente incontrolables'', argumentó.
¿Gato por liebre?
La nueva Constitución ecuatoriana aprobada en noviembre de 1997 establece que las leyes del país deben regular la entrada de productos transgénicos. La norma constitucional sólo puede ponerse en práctica mediante la aprobación de una ley complementaria en el Congreso o la emisión de un decreto ejecutivo. Los grupos ecologistas temen que la Constitución pueda ser malinterpretada y al permitirse el ingreso de alimentos mejorados genéticamente, pero no transgénicos, se posibilite indirectamente la entrada de éstos.
''El problema es que Ecuador no tiene capacidad técnica para determinar cuáles son los alimentos transgénicos y cuáles no. Puede ocurrir que nos envíen gato por liebre'', enfatizó Elizabeth Bravo. Para la bióloga, es mejor que intervenga el Congreso antes que el Ejecutivo, porque si el tema se trata en el Parlamento ''puede abrirse un debate nacional y las organizaciones ecologistas podemos dar nuestro argumento. En cambio mediante decreto no habría discusión''.
